Radiografía de los humedales de España
Los principales blindajes no han bastado a Doñana, Las Tablas o el Mar Menor
Lugar de Interés Comunitario, Red Natura 2000, Zona Especial de Protección de Aves, Área de Protección de Fauna Silvestre, humedal de importancia internacional Ramsar, zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo, incluso ecosistemas con personalidad jurídica propia, entre otras figuras de protección, no han logrado evitar que las Tablas de Daimiel vayan a cumplir medio siglo secas, que el Mar Menor se eutrofice o que la mayor laguna permanente de Doñana se secase el verano pasado, dejando de serlo.
El 30 de julio de 1973, la Gaceta de Madrid (actual BOE) publicaba el Decreto “por el que se declara Parque Nacional a las Tablas de Daimiel”. El Gobierno de Franco no podía sorber y soplar y, reconoce el Decreto, las Tablas, en las que había puesto los ojos el mundo por su valor ecosistémico y que habían sido declaradas reserva de caza en 1966, ya estaban afectadas “muy especialmente por los programas de desecación iniciados en el entorno de la Reserva”. Doñana había sido declarado Parque Nacional en 1969 y las láminas de agua de la mancha húmeda eran el siguiente candidato en una visión protectora que empezaba a despertar y que contaba con una herramienta que se había colado en la Ley de Montes de 1957, solo un año después de que se decretase la desecación de 8.000 hectáreas en el entorno de Las Tablas.
Una comisión interministerial estudió la situación del humedal y alumbró la “propuesta de otorgar a estos terrenos un régimen de protección especial, declarándolos Parque Nacional”, complementado con “la creación en el interior del Parque de un refugio integral de aves acuáticas y la construcción del dispositivo adecuado para mantener los niveles hídricos del Parque a las cotas más convenientes” que “permitan garantizar de cara al futuro y en beneficio de toda la comunidad, la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del territorio nacional”.
Este julio de 2023, se cumple medio siglo de la declaración de Las Tablas como Parque Nacional y lo harán prácticamente secas. Aquello de los niveles hídricos mínimos de hace 50 años se ha quedado en humectar la turbera con la cantidad de agua mínima que evite que se repita el incendio subterráneo que tuvo lugar en 2009, cuando el humo empezó a aflorar entre las grietas de la tierra seca para mostrar la gravedad del problema del que se venía alertando desde hacía décadas.
Mueve la flecha para ver el antes y el después
A Las Tablas se las está manteniendo al límite del desastre absoluto con aportaciones artificiales que han venido de trasvases de ríos en superficie, medida descartada hace tiempo por el escaso volumen de agua que llega debido a la evaporación; pozos de emergencia, que extraen el agua del mismo acuífero sobreexplotado que ha causado el desastre pero se abrieron en 2009 tras el mencionado incendio subterráneo; y agua del Tajo canalizada a través de la llamada tubería manchega, que ha entrado en funcionamiento este año para dar agua de beber a decenas de pueblos de la región, que no tiene permitido tener fines medioambientales pero que se usó para derivar agua a Las Tablas aprovechando el periodo de pruebas.
El 18 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Plan Rector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que fijó un “objetivo mínimo de inundación” para el Parque de “1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera y 600 hectáreas a finales de verano”. El máximo se estableció en 2.200 hectáreas. Desde que se inició el largo periodo de sequía actual en 2019, por más agua que se aporte de forma artificial ha habido periodos en que la superficie inundada ha estado en torno a 20 hectáreas, ni el 1,5% de la superficie inundable media prevista para el Parque.
El acuífero 23 que alimentaba el Guadiana, que iba serpenteando casi sin cauce hasta unirse al Cigüela y de ahí a alimentar Las Tablas, que recibían también su agua subterránea, lleva mucho tiempo declarado como sobreexplotado de forma oficial, es decir, con publicación en el BOE. No ha sido suficiente.
Tras el Plan de 1956 que desecó 8.000 hectáreas en la zona de las Tablas para convertirlas a regadío, la búsqueda de agua para alimentar maíz y remolacha provocó una carrera de perforaciones que han hecho que incluso en la parte legal, la que tiene concesión, los derechos de extracción superen varias veces la capacidad de regeneración del acuífero con el ciclo natural del agua. A pesar de los planes que limitan las extracciones anuales, la falta de caudalímetros y la apuesta de las administraciones regionales de seguir incrementando el regadío han sentenciado las Tablas. La puesta masiva en riego del viñedo, un cultivo tradicionalmente de secano, por impulso de la Administración regional y la regularización de miles de hectáreas que no tenían concesión para extraer agua del acuífero se han ido sumando al desastre del Parque Nacional.
El Plan Hidrológico de Tercer Ciclo del Guadiana ha ampliado la Zona de Protección Especial de las Tablas de Daimiel, que será zona prioritaria de adquisición de derechos de uso de recursos subterráneos por parte de la Administración con cargo a los fondos NextGeneration EU. El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, durante la consulta pública del plan, y con base en el “Informe de delimitación del perímetro de protección especial del PN Las Tablas de Daimiel” elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, propuso que la zona de protección especial tenga una superficie de 1.099,68 km2. (Informe del consejo del agua del plan tercer ciclo).
“En nuestro país, afortunado precursor de esa inclinación hacia la conservación de los recursos naturales, resulta sumamente necesario prestar la máxima atención a aquellos lugares cuyas características especiales aconsejen conservarlos (…). Las Marismas del Guadalquivir, especialmente en la región conocida universalmente como Doñana, constituyen, sin duda alguna, uno de los más extraordinarios lugares de Europa, no sólo en cuanto se refiere a la riqueza y variedad de su flora y su fauna, sino por el carácter de refugio o lugar de anidamiento de las más valiosas aves migratorias de nuestro continente”. BOE del 27 de octubre de 1969, Decreto de creación del Parque Nacional de Doñana del Ministerio de Agricultura.
“Se declara de alto interés nacional, con arreglo a la Base segunda de la Ley de 26 de diciembre de 1939, la colonización de las zonas regables con aguas subterráneas de los acuíferos de Almonte y Marismas, de las provincias de Sevilla y Huelva, con una extensión total aproximada de 45.950 hectáreas”. BOE de 8 de junio de 1971, Decreto de colonización de determinadas zonas regables en las provincias de Huelva y Sevilla del Ministerio de Agricultura.
Mueve la flecha para ver el antes y el después
Estos dos textos de la época franquista, publicados con una diferencia de poco más de año y medio en el Boletín Oficial del Estado, son el espejo del problema que se ha prolongado en democracia y que ha puesto en riesgo Doñana: defender que se protege el espacio, sacar pecho de sus valores ambientales y su reconocimiento internacional, al tiempo que se fomenta uno de sus principales daños, la extracción excesiva de aguas subterráneas del acuífero que le afecta. Las marismas del Guadalquivir sufrieron la furia desecadora para su transformación al regadío de forma muy temprana, al permanecer las plantaciones de arroz valencianas en zona republicana casi hasta el final de la contienda y buscar el bando sublevado alternativas para cultivo. Entraron igualmente en los planes de colonización, aunque a raíz del impulso conservacionista y los daños que amenazaban el Parque se puso freno a los objetivos originales.
Lo ocurrido ya en democracia es una mezcla entre mirar hacia otro lado con lo ilegal, regularizarlo al menos en parte y tomar tarde medidas para equilibrar el agua extraída con la capacidad del ciclo natural para regenerarla.
España tiene en su haber, desde junio de 2021, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haber “incumplido sus obligaciones” al “no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano [del núcleo turístico de Matalascañas] en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana” y “al no haber previsto (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos (…)”.
Con las extracciones ilegales, que incluyeron durante años el arranque sistemático de árboles para plantar en su lugar fruto rojo, regado con aguas igualmente ilegales de pozos abiertos sin concesión, se ha optado en buena medida por mirar a otro lado e ir regularizando regadío en la medida de lo posible al tiempo que se trataba de poner freno al daño. Es lo que intentó en 2003 el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD), un intento sobre el papel de frenar el robo masivo de agua cuando ya se calculaba que había 2.100 hectáreas de cultivo en monte público regadas por un millar de pozos ilegales en cinco municipios de la comarca El Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Lucena del Puerto). El POTAD declaró zona A la mayor parte del terreno forestal del entorno de Doñana, es decir, prohibía continuar con la práctica de talar los árboles para poner invernaderos de fresa, arándano o mora en su lugar. La práctica, sin embargo, continuó. Donde había eucaliptos, se plantó fruto rojo.
En 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, que fijaba en el mapa lo establecido por el POTAD actuando sobre 64.457 hectáreas, de las que consideraron regables 9.340 has. Se regularizaron aquellas que estuvieran cultivando en 2004. El resto de terreno que no cumpliese esos requisitos y figurase como forestal en la Ley de 1992 quedaba al margen de la regularización, lo que dejó fuera 1.600 hectáreas modificadas posteriormente que son las protagonistas de la polémica ante el nuevo intento de regularización por parte de la Junta de Andalucía.
Pero el estado de Doñana y especialmente de las lagunas peridunares, que son las que dependen directamente del acuífero, no es solo fruto de prácticas ilegales ni pozos camuflados. Muchas han estado perfectamente localizadas e incluso impulsadas por las Administraciones, como es el caso de la finca Matalagrana.
Los Mimbrales, la finca de Los Hatos, Los Caracoles, fincas legales históricas o regularizadas a través de comunidades de regantes extrajeron masivamente agua subterránea que desviaban a través de canalizaciones kilométricas. Los Mimbrales es un caso singular que se compró por 50 millones de euros en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy. Según los documentos de Tercer Ciclo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “la implantación agrícola de la finca” había dado “lugar a una profunda alteración y modificación del sistema hidrográfico en las superficies ahora agrícolas, originando una grave perturbación en la hidrología del Parque Nacional de Doñana, al crear una amplia red de canales artificiales de drenaje, de unos 30 kilómetros, que sustituyen a la red de drenaje natural”. Y añade que “los efectos sobre la hidrología» del cese de la actividad agrícola de la finca «han sido inmediatos y muy beneficiosos, como se refleja en los análisis piezométricos”.
Cuando las extracciones legales superan la capacidad de regeneración de una masa de agua subterránea, las confederaciones hidrográficas tienen un potente mecanismo para poner freno al desastre declarando dicha masa como sobreexplotada o, como dice la norma actual, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Debe hacerse de forma oficial, pasando por el BOE, lo que activa toda una serie de plazos y mecanismos para limitar las extracciones a la capacidad del acuífero.
A pesar de las evidencias desde principio de siglo, la declaración de sobreexplotación del acuífero de Doñana no tuvo lugar hasta el 24 de agosto de 2020, cuando apareció en el BOE, y se aplicó a solo tres de las cinco masas de agua subterránea en que se divide actualmente el acuífero de Doñana: Almonte, Marismas y La Rocina. Aún no se han formado las comunidades de regantes.
En el verano pasado se secó la laguna de Santa Olalla, considerada laguna permanente, como penúltima prueba en superficie de lo que está ocurriendo con las aguas subterráneas, que por otro lado se conoce perfectamente porque las que afectan a Doñana cuentan con tantos puntos de control de los niveles freáticos (piezómetros) como todo el resto de la cuenca del Guadalquivir. Muchas lagunas de las que eran temporales se dan ya por desaparecidas.
El Gobierno pretende seguir comprando fincas con hasta 100 millones de euros de los fondos NextGenerationEU para reducir la presión sobre el acuífero de Doñana al tiempo que ha reactivado los planes para trasvasar casi 20 hm3 de la cuenca del Tinto, Odiel, Piedras para sustituir agua subterránea por superficial, opción aprobada en 2018.
Al Mar Menor, la laguna salada más importante de Europa occidental, le ha pasado de todo. Vertidos de la minería, urbanismo extremo metastasiado en las aberraciones a izquierda y derecha a lo largo de La Manga, dragado de los fondos que mezcló las aguas hipersalinas de la laguna con las del Mediterráneo, ganadería intensiva… Pero si ha habido un factor que ha contribuido a romper el equilibrio en las aguas del Mar Menor favoreciendo su eutrofización ha sido el regadío intensivo en el Campo de Cartagena.
Científicos y ecologistas advirtieron durante décadas de que se estaba activando una bomba de relojería en la laguna que acabó concretándose en los episodios de sopa verde que se iniciaron entre 2015 y 2016 y los de mortandad masiva de peces y crustáceos, que tuvieron su primer ejemplo en octubre de 2019.
Es casi paradójico que haya sido el agua y no su falta la que haya puesto al límite el Mar Menor. El trasvase Tajo-Segura supuso una llamada a la expansión del regadío en el Campo de Cartagena que, aunque la media anual de agua trasvasada quedó muy lejos de lo previsto, se extendió no solo tanto como se había estimado sino miles de hectáreas más. ¿De dónde venía el agua? Del subsuelo. En gran medida del acuífero bajo el Campo de Cartagena que se había ido contaminando por nitratos procedentes de los fertilizantes utilizados para cultivar en superficie al filtrarse al agua subterránea. Cuando llegó la dura sequía de mediados de los noventa, la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó la extracción de agua de ese acuífero, pese a recogerse en documentos oficiales el riesgo que suponía para el Mar Menor su alta contaminación. El agua subterránea se había salinizado por su contacto con la laguna y eso hacía que no fuese apta para el riego sin desalobrarla previamente. Ese proceso permite que el agua se pueda usar para regar pero genera un vertido, la salmuera, que concentra los nitratos y que se arrojó masivamente al Mar Menor o de vuelta al acuífero, aumentando su contaminación.
Las autorizaciones provisionales para varias decenas de plantas desalobradoras se anularon a los cinco años pero no se controló que siguieran operando ni que otras muchas se fueran instalando bajo el Campo de Cartagena hasta contarse por cientos. Cuando se intentó regularizar la situación, con la cooperación de los regantes que creyeron que verían su situación legalizada, la magnitud del problema era tan enorme que el Excel con las plantas, los propietarios y las coordenadas de situación se guardó en un cajón. Allí estuvo hasta que un cambio en los responsables de la CHG y el empeoramiento de la situación de la laguna sacaron a la luz la situación, judicializada en el llamado ‘caso Topillo’ en el que están imputados políticos, responsables de la CHS y agricultores.
El episodio de sopa verde del Mar Menor entre 2015 y 2016 arrasó la pradera marina, que ha vuelto a reproducirse pero con una configuración totalmente diferente que ha modificado las condiciones del hábitat. De la convivencia entre el alga original, la Cymodocea y la oportunista Caulerpa, que lograron entre ambas un equilibrio muy valorado desde el Instituto Español de Oceanografía que logró mantener a raya los nutrientes durante años, se ha pasado a una situación en la que la Caulerpa es la única que ha logrado repoblar el fondo desnudo que quedó tras la sopa verde. El Mar Menor, debido a ello, es actualmente un ecosistema más inestable y menos resistente.
En diciembre de 2021, la Comisión Europea envió a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber protegido las aguas de la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura, con un protagonismo especial de lo ocurrido en el Mar Menor. Hasta el episodio de anoxia en 2019, la CHS no reconoció la existencia de casi 9.000 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena. Hasta el expediente de mediados de 2020, no se tomaron medidas cautelares para reducir los fertilizantes utilizados junto a la laguna y se empezó a “cerrar el grifo” a los regadíos sin concesión. Fue entonces también cuando la CHS declaró oficialmente como contaminado el acuífero Cuaternario bajo el Campo de Cartagena, activando los plazos para tomar medidas que reviertan su contaminación.
Se han presupuestado 484 millones de euros para el llamado Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación de la laguna con cargo a los Fondos NextGeneration EU.